Un minuto de silencio por los peruanos fallecidos en las protestas de diciembre de 2022 marcó el inicio del Foro del Acuerdo Nacional llevado a cabo el 9 de enero último, en el cual participaba la presidenta Dina Boluarte con diversos actores políticos y civiles. Mientras esto ocurría en Lima, en Puno más compatriotas perdían la vida en manos de la Policía Nacional y desde el Ejecutivo no se veía la más mínima autocrítica. Quizá por eso se sintió un minuto de silencio contradictorio, vacío, meramente protocolar.

Llegada la noche del mismo 9 de enero, la cifra de muertes creció hasta 17 en un solo día. Entre ellos había menores de edad, personas que ni siquiera eran parte de las protestas, y con sus muertes se registraba la cruda cifra de 45 civiles fallecidos. A esto se sumó el cruel asesinato de un policía en la madrugada del 10 de enero, quien fue encontrado calcinado junto a un camión de patrullaje.

Estos hechos son devastadores para el país y bajo ninguna circunstancia podrían justificarse. Estas muertes revelan un ineficiente e indolente manejo de la crisis que vivimos. Desde el gobierno, las respuestas fueron como leña al fuego: indiferentes, mediocres y cada vez más imprudentes. Nadie, ningún ministro, asume hasta ahora responsabilidad política alguna por los fallecidos y el supuesto diálogo tiene lugar desde la comodidad de Lima. Para este gobierno, la represión sangrienta se ha convertido en la vía de solución a la protesta social.

La violencia, sin embargo, no se apaga con más violencia. Es cierto que en medio de las protestas hay grupos de vándalos que dañan, asaltan y queman propiedad pública y privada, que han llegado incluso a asesinar vilmente a un policía. Todos ellos deben ser identificados, detenidos y juzgados por los delitos cometidos con todo el peso de la ley. Pero el rechazo a sus acciones delictivas no justifica, de ningún modo, la generalización y el uso de la fuerza desmedida contra los protestantes. Pareciera que, para algunos, el derecho a la vida de un peruano del Sur vale menos que el derecho a la propiedad. ¡Y eso es inconcebible!

Muchos de nosotros no compartimos las demandas de quienes protestan y repudiamos los actos delictivos. ¡Cómo no indignarse con los ataques a las ambulancias! Pero, aun así, no podemos (ni debemos) dejarnos persuadir por quienes asumen que un conflicto social se trata de “matar o morir”, y si protestas mereces plomo. Mañana, más tarde, quedará en nuestra memoria cómo entre peruanos fuimos capaces de desearnos la muerte. Los gobernantes de turno ya no estarán y, sin embargo, la historia nos lo recordará.

El dolor por las muertes de civiles ocurridas en Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Cusco, La Libertad y Arequipa no se apaciguará ni con 1000 minutos de silencio, y menos con un día de duelo nacional. Lo sucedido refleja desprecio y humillación hacia el otro. Una indiferencia que ha ocasionado la ruptura interna de quien vio morir a un compañero, a un amigo, a un hermano, a un hijo, a un padre. A estas alturas, el pedido de salida de la presidenta Dina Boluarte se ha convertido en una exigencia y clamor de justicia por parte de los protestantes.

Si nos pusiéramos por un momento en sus zapatos, comprenderíamos por qué para ellos el diálogo con la presidenta se ha tornado inviable. En este contexto, para frenar el estallido social en nuestra convulsionada patria su renuncia se presenta como la única opción de quienes protestan y es totalmente entendible. Esta situación hace necesario evaluar la instauración de un gobierno de transición que convoque a elecciones de manera inmediata como manda la Constitución, pues necesitamos reabrir el diálogo.

El nuevo gobierno tendría el inmenso desafío de generar un entendimiento nacional y, de alguna forma, aliviar la herida por la sangre derramada. Sea cual sea el color político de quien asuma la presidencia, el elegido debe deponer la represión y en su lugar gestionar el conflicto con base en una comunicación efectiva, acompañada de acciones concretas dirigidas a lograr una concertación. Necesitamos un gobernante que priorice el diálogo antes que la confrontación y que sea capaz de acercarse a los protestantes. Algo que no se realiza desde un escritorio y que nuestros representantes, lamentablemente, no han tenido la voluntad de hacer.