Hoy la campaña de descrédito, a través de mitos tejidos tendenciosamente en torno a la ratificación del Acuerdo de Escazú, se impuso sobre las aspiraciones legítimas que tenemos de lograr un verdadero desarrollo sostenible. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, con el voto favorable de seis grupos parlamentarios, mandó al archivo el Acuerdo de Escazú. Solamente el Partido Morado, el Frente Amplio y Somos Perú se pronunciaron en contra. 

La decisión asumida por esta Comisión es preocupante porque más allá de encarpetar un mero documento, se archivó la posibilidad de tener mayores garantías para los derechos de información, participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental, cuyas barreras institucionalizadas le ha costado la vida a muchos defensores ambientales.

¿Cómo es posible que apostemos por una democracia participativa, y al mismo tiempo miremos con recelo el hecho de que la ciudadanía pueda tener a su disposición mejores condiciones para obtener información, participar en diálogos constructivos y solicitar justicia frente a los atropellos que pueden sufrir en sus derechos? ¿Acaso esto no termina siendo un despropósito?

No nos engañemos. Una mirada sesgada de Escazú nos puede hacer creer que es un acuerdo de ambientalistas radicales que frena las inversiones. Pero, esto no es así. Hay que viajar al fondo para entender que Escazú es, en esencia, un acuerdo que protege derechos humanos vinculados a la gestión ambiental responsable de nuestros territorios y ecosistemas.  

Lo que pretende Escazú es orientar a los estados de América Latina y el Caribe, como el Perú, a construir y perfeccionar internamente procesos más transparentes, oportunos e inclusivos, con el fin de dotar a nuestros derechos de un verdadero contenido para que no sean vistos como un trámite administrativo para completar una “licencia social”.

Es verdad que necesitamos inversiones, más aun frente a la crisis económica en la que nos encontramos inmersos. Sin embargo, estas inversiones deben ser sostenibles. Y la sostenibilidad ambiental no se reduce solo al compromiso de minimizar impactos o remediar daños, sino que abarca la inclusión de la ciudadanía en la determinación de nuestro desarrollo y prioridades nacionales. Con esto me refiero a una inclusión real, donde la población goce de verdaderas posibilidades para involucrarse y hacer escuchar su voz.

El Perú tiene un marco normativo interno en los derechos que protege el Acuerdo de Escazú. Pero, desde luego, no se trata de un sistema acabado porque aún hay cosas por corregir y vacíos que llenar. Nuestra legislación interna está inconclusa y, precisamente, Escazú aporta reglas orientadoras para perfeccionar los avances logrados hasta el momento.

No pretendamos tapar el sol con un dedo. Las inversiones no se traban porque haya más garantías a nuestros derechos. Las inversiones se traban porque hay problemas de gestión, limitaciones en los procedimientos con cuellos de botella y debilidad institucional, además de la corrupción que copa las entidades públicas y organizaciones privadas que mantienen intereses subalternos.