La reforma del sistema privado de pensiones es un asunto pendiente desde hace varios años. Estoy segura de que si hiciéramos una encuesta nacional, la mayoría de peruanos estaría de acuerdo con retirar sus aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). El nivel de insatisfacción es alto. Eso lo saben bien los políticos como Daniel Urresti y los congresistas de la bancada Podemos Perú, quienes en estos tiempos de crisis estarían intentando llevar agua para su molino. Les explico por qué. 

Podemos Perú presentó un proyecto de ley que busca autorizar el retiro del 25% de los aportes de las AFP. Sin embargo, sus buenos oficios no convencen del todo y suenan más bien a un entramado populista. Según Urresti, las AFP han encontrado el negocio perfecto: ‘reciben el 10% de los aportantes, cobran su comisión e invierten el dinero de los afiliados, si lo hacen mal igual ganan’. Desde luego, con este discurso ha logrado calar en la mente de una ciudadanía cansada de que la prosperidad solo recaiga sobre los grupos económicos financieros, mientras los pobres siguen siendo pobres.

El sistema privado de pensiones se pinta injusto para los intereses de los aportantes. Lo sabemos desde antes de la cuarentena. Este sistema ha sido criticado incluso por Joseph Stiglitz y Paul Krugman (premios Nobel de Economía) al analizar el caso de Chile. No cabe duda, pues, que es necesaria una reforma en el Perú (como lo acaba de subrayar además el presidente Martín Vizcarra), sobre todo en un escenario de crisis global que golpea a los más pobres. Pero, como diría José Nun, en su ‘Sentido común y la política’, hay que distinguir el lenguaje de las palabras del lenguaje de los hechos.

En efecto, en el lenguaje de las palabras, del discurso, tanto políticos, economistas como ciudadanos coincidimos en que es imprescindible hacer cambios en el sistema privado de pensiones. Por ello, colocar este asunto dentro de la agenda legislativa es acuciante. De hecho, este nuevo Parlamento tiene la oportunidad de hacer lo que tanto esperaba la población. Con hacer me refiero a ‘hacer bien las cosas’. Y es ahí cuando nos adentramos al terreno del lenguaje de los hechos.

Reformar el sistema de AFP es un asunto técnico complejo, que requiere un análisis profundo porque no se trata de una solución para la crisis o la temporada que estamos viviendo con el COVID-19. Es una decisión para el futuro que marca la vigencia real (y no ficticia) del derecho a una pensión digna de millones de peruanos y peruanas. Es aquí en donde reside, justamente, el cuestionamiento.

Podemos Perú elaboró un proyecto de ley que, por su naturaleza, requiere un debate técnico suficiente antes de pasar a votación en el Pleno. Sin embargo, desde el inicio, esta bancada buscó que el proyecto no pase por la comisión de Economía y Finanzas, lo que supone no contar con la opinión de los actores técnicos que deben ser llamados a manifestar su posición para identificar las medidas más adecuadas y eficientes a largo plazo. Hoy el Congreso aprobó, por mayoría, exonerar la opinión de las comisiones, tal como lo propuso Podemos Perú.

Nadie niega que en este contexto de crisis producto del coronavirus sea vital adoptar medidas urgentes, pero eso no es razón suficiente para desestimar un análisis bien fundamentado, sobre todo cuando el Ejecutivo ha previsto una reciente medida sobre las AFP que permite disponer un capital máximo de S/ 2000 a las personas más necesitadas que no aportan desde hace seis meses consecutivos. Más allá de estar o no de acuerdo con este plazo —piénsese en aquellas personas que han dejado de trabajar precisamente hace 2 meses y no tienen mayores ingresos—, el Gobierno sí ha adoptado medidas económicas inmediatas. Medidas que, evidentemente, deberán ser complementadas y mejoradas para atender las necesidades de esta crisis y brindar apoyo a todos los grupos vulnerables.

En ese sentido, aprobar el proyecto de ley en Pleno sin la opinión de la comisión de Economía y Finanzas, nos deja en claro que, en el lenguaje de los hechos, esta propuesta normativa pretende establecer medidas cortoplacistas para elevar la popularidad de determinados grupos parlamentarios que intentan cumplir sus promesas electorales a toda costa, buscando (al parecer) réditos al 2021.

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Por esa razón, una decisión apresurada puede dar lugar a efectos perversos. Más aún cuando se trata de un proyecto de ley con un sustento técnico limitado y un análisis costo-beneficio de tres párrafos, hecho para cubrir el formalismo de la técnica legislativa. Eso no es hacer un trabajo a conciencia, menos aún en tiempos de crisis. Eso es ser, por el contrario, un oportunista político. No te dejes engañar. El lenguaje de los hechos habla por sí solo.