La Ley Nº 30407 (Ley de Protección y Bienestar Animal) tiene como objetivo proteger la vida y la salud de los animales e impedir el maltrato y la crueldad causados por el ser humano para evitar un sufrimiento innecesario, lesión o muerte. Esta norma que, como vemos impide el maltrato animal, exceptúa, a su vez, a las corridas y peleas de toros, así como a las peleas de gallos. La excepción establecida, pese a contradecir en sustancia su propósito, resultaría muy conveniente a los intereses de una ‘minoría’ —término usado por Rosa María Palacios. Una minoría que engloba a los taurinos y galleros: un sector que lucra a costa del sufrimiento de animales indefensos y genera ganancias de millones de soles al año.  

El pasado martes 25 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada por más de 5000 ciudadanos contra esa excepción, a fin de abolir las prácticas de maltrato y crueldad contra los toros y gallos en el ámbito nacional. Si bien tres magistrados —Ernesto Blume, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña— votaron a favor de la inconstitucionalidad, no se alcanzaron los cinco votos que se necesitaban, con lo cual se mantiene vigente la excepción cuestionada.

Para no declarar la inconstitucionalidad, el principal argumento empleado fue el de la cultura. La tauromaquia y la gallística son concebidas como tradiciones o expresiones culturales. Incluso para lograr su preservación en las generaciones venideras, los cuatro magistrados que (en mayoría) declararon infundada la demanda de inconstitucionalidad —Carlos Ramos, Manuel Miranda, Augusto Ferrero y José Luis Sardón— coincidieron en que los niños además de participar como espectadores, pueden ser formados en tales tradiciones. Dado que lo contrario, es decir el imponer limitaciones, significaría condenarlas a su extinción.

De esto, podemos advertir que el argumento de la cultura es el todo por el todo. Para la mayoría de magistrados del TC —cuatro de un total de siete—, el juicio de racionalidad desde una corriente evolucionista está prácticamente cerrado. Ni siquiera el interés superior del niño —la protección de los menores— se superpone a esta cultura. No a cualquier cultura. Específicamente, a la cultura del maltrato. Aun cuando se reconoce que los toros y gallos son sometidos a un abuso desmedido y trato cruel, sigue siendo una cultura por preservar en el país.

El magistrado Carlos Ramos en su intento por ‘defender’ a los animales, sin renunciar al argumento de la cultura, sugirió eliminar el uso de navajas en las peleas de gallos por la intervención y condicionamiento humano que ello supone. ¡Nada más desatinado que eso! Al parecer, el magistrado no se percató que detrás de todas estas prácticas de crueldad hay un condicionamiento humano. Ni los toros ni los gallos acuden libremente a los recintos o coliseos para ser asesinados frente a espectadores que, eufóricos, celebran indolentes ante el sufrimiento de un ser sintiente.

Nuestra Constitución garantiza el derecho a la cultura y, en esa línea, el Estado tiene el deber de preservar las diferentes manifestaciones culturales y fomentar su desarrollo. Sin embargo, como todo derecho, este tiene límites. Por ello, en un eventual análisis —o ponderación— de bienes jurídicos por tutelar, el referido derecho puede resultar limitado en determinados casos (por ejemplo, cuando existan intereses supremos en una sociedad).

Rosa María Palacios, recogiendo parte de la ponencia de la magistrada Ledesma, señaló que la mayoría de peruanos estaría de acuerdo con la prohibición de la corrida de toros: el 68% conforme a una encuesta de Datum de 2008. Para Palacios, si bien solo una minoría defiende la tauromaquia, esta tiene el derecho a mantener sus tradiciones. En resumidas cuentas, al que no le guste, simplemente que no asista a estos espectáculos. Todo queda, por ende, en el ámbito de la libertad de las personas. La mayoría no se puede imponer sobre la minoría porque ello significaría restringir sus derechos.

Ese argumento más parece un comodín. Le falta una enorme carga de sensatez, en tanto se aparta de la reconfiguración actual de un mundo contemporáneo que está en constante movimiento. Nada permanece inalterable, ni la propia cultura. Así lo hizo saber la magistrada Ledesma. Argüir, por tanto, a favor de los derechos de la minoría es una salida conveniente pero, de ningún modo, convincente.

En casos tan complejos que involucran a una Nación entera, no se trata tanto de lo que unos u otros quieren desde su libertad como sujeto individual. Si fuera así, para el desarrollo de proyectos u obras públicas no tendríamos por qué disponer de las tierras de otros o expropiar limitando derechos. Estas personas son minoría, pero no por eso se anteponen al bienestar general. ¿O sí? Obviamente, ello no funciona de esa manera. Siempre hay una valoración más profunda que involucra las necesidades, valores y aspiraciones supremas de la sociedad en su conjunto.

En específico, la aspiración de los pueblos del mundo es promover una cultura de paz para eliminar la violencia, el racismo, la tortura, la discriminación y toda forma de opresión. Esa cultura de paz conduce a las personas a respetar su entorno y la vida de las otras especies. El valor supremo que imparte es el reconocimiento de la otredad. No solo en la especie humana, sino también en los demás seres sintientes. Hay que estar ciego de mente para no verlo, ni entenderlo.

Las sociedades están cambiando. Los seres humanos nos distinguimos por nuestra racionalidad moral. Esa moralidad es, justamente, la que debería llevarnos a ser sociedades más compasivas. La esclavitud fue abolida cuando el ser humano entendió que había valores supremos que tutelar, aun cuando ello significaba un impacto económico serio para quienes se beneficiaban de la esclavitud. Por eso insisto: no hay cultura ni tradición que, a pesar de generar jugosas rentas, pueda ser mantenida desde la concepción moderna de relacionamiento entre los seres humanos y su entorno. Esto explica por qué las legislaciones de los países, a nivel mundial, han avanzado para no quedarse en el ocaso de una cultura del maltrato. 

El Perú no es una isla en medio del mar. Los avances de la humanidad son universalmente compartidos. Es una pena que el TC no haya realizado un análisis de este tipo. Avalar el maltrato hacia los animales, más parece, de plano, un actuar en defensa de intereses económicos ocultos bajo la fachada de la cultura. Hay que enfatizar que la Unesco protege a la cultura como un marco sostenible para la cohesión social y la paz, indispensable para el desarrollo humano. Es decir, una cultura de paz, que sensibiliza, conmueve e inspira valores superiores. Las corridas de toros y peleas de gallos hace rato que dejaron de ser cultura ante los ojos de una sociedad contemporánea.

Por consiguiente, no se van a necesitar 20 años para volver a revisar este asunto, como propuso el magistrado Carlos Ramos. La gran mayoría ya entendió que esas prácticas de maltrato no se pueden avalar y seremos nosotros quienes hagan entender a esa minoría que no se puede seguir lucrando a costa del sufrimiento de seres indefensos. Seremos la voz de quienes no tienen voz. Estoy segura de que a través de una consulta pública ciudadana sentaremos, pronto, un precedente a favor de la liberación. Salidas aún quedan: ¡Nos vamos por el referéndum!