Esta semana muchos nos hemos visto obligados a reflexionar sobre las condiciones de explotación y precariedad laboral en el sector privado, a raíz de la lamentable muerte de dos jóvenes trabajadores de McDonald’s: Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga. Ambos jóvenes tenían 18 años y una vida llena de sueños que quedó trunca. Es inimaginable el dolor de su familia y, desde luego, ninguna indemnización ni sanción administrativa o penal podrá suplir jamás la tragedia de haberlos perdido: el vacío que dejan sus muertes es irreparable.  

¿Qué debemos hacer como sociedad? ¿Indignarnos para luego olvidar? No es la primera vez que sucede algo así. Nuestra historia más inmediata carga con la muerte de dos jóvenes (Jovi y José Luis) en el incendio de Las Malvinas, y de cinco trabajadores en el incendio de las salas de cine de Larcomar. Las causas de estos eventos se resumen a condiciones de trabajo inseguras, y en el caso de Las Malvinas había claras muestras de esclavitud. ¡Sí, esclavitud en pleno Siglo XXI!

Estos hechos, tan funestos, deben trascender a la sola indignación. Son un llamado al cambio: a la transformación urgente de las políticas públicas laborales. Y es que hay algo por concluir: en el Perú falta más formalización, pero esta (una vez conseguida) no es garantía de nada. La explotación laboral existe aun cuando eres formal. Eso es algo que no se puede desconocer.

Todavía hace falta asimilar que el derecho fundamental al trabajo debe ser ejercido de forma decente. Es decir, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Esto supone que la política pública vaya más allá de la promoción de la formalidad y la creación de puestos de trabajo. Para la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los Estados no solo deben buscar que se creen puestos de trabajo formales, sino también que esos puestos sean de calidad aceptable. La cantidad de empleos no puede estar divorciada de su calidad.

En estos días, con justa razón, se ha puesto bajo la lupa al sector privado dado que lo acontecido con estos dos jóvenes en McDonald’s es terrible, sobre todo cuando en nuestra memoria hay otras muertes igual de trágicas. No queremos repetir lo mismo. Y por eso exigimos, hoy, acciones desde el Estado, quien ha decidido adoptar medidas para prevenir futuros casos como el de McDonald’s (Sí, así es. Solo después de una desgracia tan lamentable). Frente a ese contexto, es necesario ampliar la mirada y cuestionarnos también: ¿qué ocurre en el sector público?

En este otro lado de la orilla, hay una gran cantidad de regímenes laborales. Los trabajadores públicos tienen beneficios sociales, sobre la base de una legislación especial creada para el Estado en su rol de empleador. Pero, fuera de esto —vale decir, de lo legalmente establecido—, en la Administración Pública se ha vuelto una práctica común la desnaturalización de los contratos de locación de servicios y la explotación laboral de una gran cantidad de profesionales, a los que se denomina terceros o consultores.

Según el artículo 1764 del Código Civil, por la locación de servicios el locador se obliga, sin estar subordinado, a prestar sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. La locación de servicios es un contrato de naturaleza privada, donde no hay subordinación ni relación de dependencia. A pesar de estos límites normativos, muchas entidades públicas promueven la ilegalidad y la informalidad, al desnaturalizar este tipo de contrato.

De acuerdo con el Anuario Estadístico Sectorial del 2018, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en diciembre de ese año los trabajadores del sector público sumaban 1, 353 871. Desde luego, este cálculo no considera a los profesionales que laboran bajo la figura contratos de locación de servicios, porque para la ley estos no son trabajadores, a pesar de que se comporten como tales. Se trata, entonces, de trabajadores fantasmas que no pertenecen a ningún régimen laboral público y que, en consecuencia, no reciben beneficios (como CTS, vacaciones, gratificaciones o aguinaldos), ni tienen acceso a la seguridad social. Esto, aunque suene crudo, es explotación laboral.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), en su informe sobre el reto de la formalidad en el sector público peruano, señaló que, a diciembre del 2015, existían 170 mil locadores de servicios, de los cuales 150 mil se encontraban en condición de informalidad laboral. Luego de 4 años, la informalidad del sector público aun es un problema por resolver y continúa siendo un atropello a los derechos laborales de miles peruanos.

Mientras el proceso de formalización se concrete en el país, los locadores de servicios no reciben beneficios. Por el contrario, suelen trabajar más de 8 horas seguidas para cumplir sus ‘funciones’ y las tareas encomendadas, siendo sometidos a las órdenes de un superior fuera del ‘horario de oficina’ (los locadores deben estar alertas y disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana). Quién no ha escuchado las frases: ‘la calle esta dura’, ‘afuera hay miles que quieren ese puesto’ o el famoso ‘era para ayer’. No existe nada más desagradable que esas frases en tanto se usan para someter al otro. ¿En qué momento se perdió la brújula moral? Los locadores son profesionales que merecen un trato respetuoso y digno de sus derechos, porque a pesar de no estar reconocidos como trabajadores, cumplen un horario y funciones que legalmente no les son exigibles.

Desde mi postura personal, aquí hay una doble desnaturalización: la primera, es la desnaturalización del contrato de locación de servicios; y la segunda, es la desnaturalización del trabajo mismo, pues hay un sometimiento que trastoca la dignidad humana. Hago esta observación porque la formalización no implica, necesariamente, la creación de puestos de trabajo de calidad en donde se respeten los derechos de las personas en su conjunto (no solo sus derechos laborales). Es más, ocurre con frecuencia que los trabajadores de los regímenes públicos también son sometidos a los mismos tratos que los locadores. Insisto: la explotación laboral no es cosa de la informalidad, es más bien producto de una cultura de maltrato y esclavismo moderno que va más allá del sector privado y que convive también con lo público. 

Los peruanos queremos un trabajo, pero un trabajo decente, en el que prevalezcan condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. No somos máquinas, somos seres humanos. Espero que estas líneas les inviten a efectuar una crítica constructiva sobre lo que es el pan de cada día en el sector público. Como dice Ernesto Sábato, en su obra El túnel: ‘(…) aunque no me hago muchas ilusiones de la humanidad en general (…), me anima la (…) esperanza de que alguna persona llegue a entenderme. Aunque sea una sola persona’.